Un chico normal

Pedro J. Ramírez, el de "yo acuso", también censura lo políticamente incorrecto.
Esta vez a Salvador Sostres. ¡Válgame Dios!


Un chico normal
El chico rumano de 21 años que ha estrangulado a su novia embarazada, también rumana, de 19, “era un chico normal”, según han dicho de él sus vecinos y conocidos. “Discutían como cualquier pareja”, ha explicado la madre de la víctima. Después de cometer el crimen –o de presuntamente cometerlo, hasta que no se celebre el juicio- el chaval, horrorizado por lo que había hecho, telefoneó a su padre a Rumanía y le mostró el cadáver de su novia muerta a través de una webcam.


Porque un chico normal de 21 años que está enamorado de su novia embarazada, es normal que pierda el corazón y la cabeza, el sentido y el mundo de vista, si un día llega a casa y su chica le dice que le va a dejar y que además el bebé que espera no es suyo.


Ni puedo justificar ni justifico un asesinato, ni cualquier forma de maltrato tenga consecuencias más leves o más graves. No pienso que haya causas morales que puedan justificar matar a alguien, ni que puedan servir siquiera de atenuantes en el juicio. Digo que a este chico les están presentando como un monstruo y no es verdad. No es un monstruo. Es un chico normal que se rompió por donde todos podríamos rompernos


Porque hay muchas formas de violencia, y es atroz la violencia que el chico recibió al saber que iban a dejarle y que el niño que creía esperar no era suyo. No te causa la muerte física pero te mata por dentro y aquel día algo de ti muere para siempre. No justifico lo que hizo, ni creo que se pueda justificar, pero no es un monstruo: es un chico normal sometido a la presión de una violencia infinita, una violencia que no por no ser física es menos violenta; un chico que luego tuvo una reacción terrible, inaceptable e inasumible, criminal, y que no sólo terminó con la vida de su novia y la de la criatura que esperaba sino que terminó, en cierto modo, con la suya propia.


Espero que si algún día me sucede algo parecido disponga del temple suficiente para reaccionar quemándome por dentro sin que el incendio queme a nadie más. Pero me reconozco en el dolor del chico, en su hundimiento, en su caída al fondo de sí mismo oyendo las explicaciones de su novia. Me reconozco en su desesperación, muy normal y nada monstruosa: en su herida, en su desgarro. Quiero pensar que no tendría su reacción, como también lo quieres pensar tú. Pero ¿podríamos realmente asegurarlo? Cuando todo nuestro mundo se desmorona de repente, cuando se vuelve frágil y tan vertiginosa la línea entre el ser y el no ser, ¿puedes estar seguro de que conservarías tu serenidad, tu aplomo?, ¿puedes estar seguro de que serías en todo momento plenamente consciente de lo que hicieras?


Que la justicia dicte su sentencia y que sea tan severa como tenga que ser. Ante un asesinato no hay causas morales. Pero este chico no es un monstruo. Es un chico normal disparado al centro de su querer, arrancado a la vez de su novia y de su hijo, sometido a una violencia brutal que al no ser física nunca se considera pero que ahoga y machaca lo mismo que cualquier otra violencia.


Hay muchas formas de violencia. La mayoría de los que escriben y leen sobre sucesos ignoran cómo a veces el amor se convierte en escoria y en desgracia y se abraza desesperadamente a la tragedia.

Manifiesto por la lengua común

Unase usted al manifiesto desde el blog del manifiesto, desde El Mundo, o desde Libertad Digital.

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural –nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1) Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2) Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüisticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello “normalización lingüística”).

3) En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4) Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1) La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2) Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3) En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4) La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc…en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5) Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.